El PP exige al Gobierno ayudas a los pescadores sanluqueños para aplicar el reglamento de control de la actividad y que evite sanciones
La presidenta del PP de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha mostrado su apoyo a la flota pesquera, que continúa amarrada en protesta ante las nuevas medidas del Reglamento de Control de la actividad, que entraron en vigor este 10 de enero.
Pérez, que ha participado en la concentración llevada a cabo este martes en el puerto pesquero de Bonanza, ha reclamado al Gobierno de España que defienda las reivindicaciones del sector ante las autoridades europeas.
En este sentido, ha recordado que el Ministerio responsable de las competencias en esta materia no da garantías a las flotas de faenar sin riesgo de sanciones y no será hasta el próximo día 22 cuando reciba a la Federación Nacional de Cofradías y CEPESCA.
La también senadora, vicepresidenta primera de la Comisión de Pesca en la Cámara Alta, ha remarcado que “España carece a día de hoy de un plan operativo que asegure la aplicación del nuevo reglamento, que impone obligaciones de seguimiento de notificación electrónica, localización y trazabilidad digital, entre otros controles”.
De manera que el sector en general, y el sanluqueño, en concreto, “está preocupado por la necesidad de implantar un sistema ERS, el registro electrónico de capturas, la notificación previa de entrada en puerto o la obligatoriedad de la declaración de desembarque electrónica para todos los buques mayores de 12 metros o el pesaje obligatorio de primera venta”.
“Es inasumible por la flota y, en cualquier caso, inviable”, ha insistido.
Por ello, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un plan que analice la situación del sector pesquero respecto a la aplicación del reglamento e identificar los segmentos de flota que no puedan cumplirlo y poner en marcha ayudas que garanticen que ninguna embarcación pueda quedar excluida por la falta de medios económicos o tecnológicos para dar cumpliento al reglamento.
Además, ha pedido que se eviten las sanciones, estableciendo un periodo transitorio que pueda excluir los incumplimientos por la parálisis burocrática ocasionada por el Gobierno y defender ante la UE un periodo de adaptación razonable.