PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Fernando Cabral.-Gobernar con presupuestos prorrogados es una situación en la que un gobierno continúa operando bajo el presupuesto del año anterior debido a que no ha sido aprobado un nuevo presupuesto en el tiempo adecuado. Esto puede ocurrir por diversas razones, como bloqueos políticos por gobiernos en minoría, disputas entre el poder ejecutivo y el legislativo, o dificultades para llegar a acuerdos sobre las prioridades y asignación de recursos, etc. entre gobierno y oposición.

Aunque el presupuesto prorrogado permite que el gobierno siga funcionando, los recursos están limitados a las mismas partidas que en el año anterior, lo que restringe la capacidad de adaptación a nuevas necesidades o situaciones inesperadas. El presupuesto prorrogado se basa en las asignaciones del año anterior, lo que significa que los recursos no están necesariamente alineados con las prioridades y necesidades actuales. Esto puede generar ineficiencias, ya que no se tienen en cuenta los cambios en el contexto económico, social actual. Por ejemplo, puede estar basado en expectativas económicas o prioridades políticas que ya no son válidas.

En muchas ocasiones, la falta de un presupuesto actualizado puede generar incertidumbre sobre los planes de gasto, lo que afecta a la gestión de proyectos, a la contratación de personal o a la implementación de nuevas políticas públicas. Los gobiernos pueden quedar atrapadas en un ciclo de parálisis, donde no pueden innovar ni avanzar con eficacia.

La prórroga del presupuesto, más allá de ser consecuencia de desacuerdos entre los actores políticos, especialmente cuando gobierno y oposición no llegan a un acuerdo sobre las partidas o la dirección política que debe seguirse, pone de manifiesto la existencia de intereses que imposibilitan el acuerdo, normalmente ajenos al interés general. Esto puede llevar a una creciente polarización y afectación en la gobernanza. Este tipo de polarización política puede llevar a que los actores políticos se enfoquen más en el conflicto que en la gobernanza efectiva o el interés general, debilitando la confianza pública en las instituciones.

A corto plazo, los presupuestos prorrogados pueden ser una solución temporal para evitar el caos total, pero a largo plazo no son sostenibles, ya que impiden una planificación efectiva y la actualización de los gastos y prioridades. Sin una actualización periódica de los presupuestos, las políticas públicas tienden a quedarse obsoletas y pueden perjudicar el bienestar de la población.

Los proyectos de infraestructura, investigación, salud, educación, etc., pueden verse retrasados o paralizados debido a la falta de fondos asignados para nuevas iniciativas. Esto puede generar una disminución en la calidad de los servicios públicos y una percepción de estancamiento en la administración pública.

Contrataciones y renovaciones de personal también se ven afectadas. Si el presupuesto no ha sido actualizado, las instituciones públicas pueden tener dificultades para contratar nuevos empleados o renovar contratos de personal esencial para la ejecución de políticas públicas o para que los servicios públicos se presten con un mínimo de garantías en cuanto a cantidad y calidad de los mismos.

Si un Gobierno quiere ser progresista y avanzar en materia social, con políticas que refuercen la justicia social, la equidad y una agenda ambiciosa de izquierda, necesita aprobar los presupuestos y no dedicarse o contentarse a los consabidos parcheos que suponen las oportunas modificaciones presupuestarias.

En estos casos, el desatino político se acrecienta cuando se pretende gobernar con los presupuestos prorrogados de otro gobierno de color distinto (caso de España) o con un presupuesto surgido de una determinada coyuntura política con el que no se sienten plenamente identificados (caso de Sanlúcar).  

En resumen, es una situación que no es sostenible a largo plazo y que, de no resolverse rápidamente, puede tener efectos devastadores tanto para la estabilidad política como para el crecimiento económico, el bienestar social y las inversiones necesarias en el mantenimiento y mejoras de las infraestructuras y puesta en marcha de nuevas iniciativas que requieran un mínimo de consenso. 

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