El ruido y la tradición: un equilibrio pendiente
Editorial.-En Sanlúcar de Barrameda, como en muchas ciudades españolas, las manifestaciones religiosas forman parte de la identidad colectiva, más allá de la fe o el agnosticismo de cada cual. Nadie discute su valor cultural. Lo que sí se discute —y cada vez con más razón— es su impacto cuando invade el derecho al descanso, al libre tránsito y a la vida cotidiana de los vecinos, que si bien transigen con la tradición, no lo hacen con su abuso. Se puede comprender al mundo cofrade en la Iglesia, pero no aceptar la barra libre en el espacio público.
Existe una realidad que no puede ignorarse: el exceso de eventos religiosos que utilizan el espacio público en nuestra ciudad —excluyendo la Semana Santa—, con recorridos por calles del Barrio Alto o del Barrio Bajo, y constantes afecciones al tráfico y al acceso a las viviendas o lugares de destino. En definitiva, un calendario saturado de actos religiosos que cierran calles, desvían vehículos y obligan a los vecinos a adaptar su vida a un programa que nadie les consulta y que ninguna normativa limita con claridad.
Y luego están las campanas. El discurso suele romantizarlas como “música celestial”, pero la realidad es mucho más terrenal. Los repiques prolongados, especialmente en fines de semana y mañanas de domingo, se repiten una y otra vez hasta convertirse en una agresión sonora sostenida. No hace falta estar durmiendo para que molesten: una conversación en casa, una jornada de trabajo, un paseo o, simplemente, el deseo de tranquilidad se ven alterados por un sonido que se considera intocable solo porque lo emite una institución histórica.
La legislación tampoco deja margen para la ambigüedad. La Ley 37/2003, del Ruido, y el artículo 43 de la Constitución Española protegen la salud y el bienestar frente a emisiones acústicas abusivas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a una vida privada sin perturbaciones, incluso cuando estas provienen de prácticas religiosas. Las actividades litúrgicas no están por encima del interés general ni exentas de regulación, y los ayuntamientos tienen la obligación legal de intervenir cuando existe un impacto negativo sobre el vecindario pero su inmensa mayoría, como el genial loco manchego, se topan con la Iglesia y miran para otro lado.
Muchos ciudadanos apostaron por Carmen Álvarez hace algo más de dos años. Y aunque se le ataca desde sectores vinculados a lo religioso y desde las redes sociales con etiquetas como anticlerical o comunista, lo cierto es que su postura ha sido simplemente firme: no ha participado con la vara de mando en actos religiosos procesionales, ni ha respaldado, presuntamente, el cumplimiento de un acuerdo plenario que concedía la medalla de oro de la ciudad a una advocación muy querida en Sanlúcar. Un gesto dirigido, quizá, a los votantes más a la izquierda de IU, que le reprochan su escaso compromiso con su ideario político y su programa electoral.
Todos los partidos miran por el retrovisor cuando se plantean cambiar algo —o simplemente hacer cumplir lo aprobado— si creen que puede restarles votos. En el caso que nos ocupa, no parece probable que la alcaldesa pueda estimar siquiera una cifra aproximada o un porcentaje de los hipotéticos votos “fugados”. Nadie del mundo cofrade o del votante practicante católico va a respaldar jamás con su papeleta a la única formación progresista de Sanlúcar. Eso sí, seguirán pidiendo y recibiendo subvenciones del erario público como cualquier otro estamento o institución de nuestra ciudad.
Por eso, Carmen Álvarez y su equipo —que ya se esfuerzan hasta la extenuación en gobernar la ciudad con solo siete delegados y la peor oposición de los últimos 20 años— deberían hacer realidad una Ciudad Amable, no solo con Zonas de Bajas Emisiones , si lograra aprobarlas alguna vez, y más calles peatonales, sino también defendiendo el derecho de los ciudadanos a no ser agredidos acústicamente: ni por el enorme parque de motocicletas manipuladas, ni por los abusivos repiques de campanas, ni por el insufrible lanzamiento de cohetes a cualquier hora y por cualquier motivo.
Reclamar límites no es atacar la fe. Denunciar el exceso no es negar la tradición. Se trata, simplemente, de garantizar que la creencia de unos no se convierta en la carga de otros. La devoción no puede caminar —ni repicar— por encima de la convivencia pero lo hacen tan rápido e increscendo que mucho deberá afanarse este gobierno para que su masa social, en este y otros asuntos de interés general, vuelva a apostar por él en los siguientes comicios municipales.
Es hora de que el silencio también tenga derechos.